Desapariciones pondrían bajo escrutinio global a México

La reciente resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que insta a México a tomar medidas urgentes sobre el rancho Izaguirre, pone al país también a un paso de tenerse que someter al escrutinio de otras 192 naciones que conforman la Asamblea General.

El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED), emitió medidas cautelares dirigidas al Estado mexicano tras los recientes hallazgos de restos humanos y objetos personales en el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

La resolución, dada a conocer el pasado viernes, 4 de abril, respondió a una solicitud presentada por las organizaciones civiles Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, que documentaron 18 casos de desaparición relacionados con el rancho.

Entre las acciones urgentes solicitadas por el organismo de la ONU, al gobierno mexicano, destacan el resguardar el predio del rancho Izaguirre y realizar investigaciones coordinadas, con participación de los familiares; asegurar la cadena de custodia de todos los restos y objetos hallados; realizar de inmediato análisis genéticos para identificar los restos.

Así como analizar exhaustivamente los objetos personales encontrados y realizar un análisis de contexto para esclarecer patrones, modus operandi y particularidades regionales.

Estas acciones, se precisó, tienen como objetivo proteger adecuadamente los restos óseos y elementos probatorios localizados; garantizar el acceso a la información por parte de familiares y representantes y asegurar su participación activa en los procesos de búsqueda e investigación.

A su vez, el Comité contra la Desaparición expresó su preocupación por las amenazas que enfrentan los colectivos de búsqueda pese a contar con medidas de protección otorgadas por el Estado mexicano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Con la resolución, se activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, el cual estipula que el Comité recabará mayor información sobre las desapariciones y, en caso de comprobarse que son una práctica generalizada, el órgano podrá llevar el caso ante la Asamblea General y clasificarlo como de urgente resolución.

Es oportuno mencionar que esta es la primera vez que el Comité de la ONU emite este tipo de resolución contra el gobierno mexicano.

Niegan práctica generalizada

En respuesta a la resolución del Comité, el gobierno de México rechazó, en una tarjeta informativa, que las desapariciones sean generalizadas, aunque se dijo dispuesto a seguir colaborando con información.

La Secretaría de Gobernación indicó que en México “no se consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”.

Además de que el gobierno mexicano “ha hecho manifiesto su compromiso para combatir este flagelo (...) En apego a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, México seguirá atendiendo las solicitudes de información que remita el Comité, a través de acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes periódicos, a fin de que este cuente con información fidedigna sobre el contexto actual en el país”.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó que en México exista una crisis de desapariciones forzadas como consecuencia de una política de Estado, y anunció la apertura de una oficina en Guadalajara para fortalecer su presencia en el occidente del país.

Obligaciones

Marisol Méndez, coordinadora de incidencia en la Fundación para la Justicia, explicó que al aceptar la competencia del Comité para conocer casos individuales, México se comprometió de manera voluntaria a cumplir con sus resoluciones.

El gobierno mexicano aceptó su vinculación con el Comité de la ONU desde el 2020, aunque comenzó diálogos desde el 2014.

“De buena fe, el Estado tendría que cumplirlas. Aunque hay países que no lo hacen, no creería que fuera el caso de México, sobre todo porque hace poco aceptó esta competencia”, dijo la experta.

Añadió que “a México le importa mucho su imagen exterior. Además, los derechos humanos son cláusulas que a veces vienen implícitas en tratados comerciales o económicos. Hay mecanismos internacionales que verifican el cumplimiento de derechos humanos para definir si avanzan acuerdos con un país”.

Por su parte, Víctor Hernández, académico de la Universidad Iberoamericana, consideró que en caso de que el caso avance en Naciones Unidas se pondría en riesgo la llegada de inversiones o el flujo turístico, aunado a que también podría derivar en sanciones económicas y restricciones para políticos mexicanos.